PAVIC apoya el nuevo Decreto-Ley de regularización de viviendas

La vicepresidenta de Servicios Públicos Esenciales del PP de Cádiz, Mercedes Colombo, y presidente del PP de Conil, Antonio J. Aragón, se han reunido con la plataforma de afectados de las viviendas irregulares de Conil (PAVIC) para informarles sobre las novedades del nuevo Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares de la Comunidad Autonómica de Andalucía al cual la plataforma ha mostrado su apoyo.

Este hecho se produce tras el intento de bloqueo del Decreto Ley por parte del Gobierno de la nación alegando “un conflicto de competencias”. Concretamente fue el pasado mes de diciembre cuando el gobierno de Pedro Sánchez en funciones planteaba este conflicto pretendiendo paralizar el nuevo decreto-ley. De hecho, ha sido el propio ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, – anterior Consejero de Ordenación del Territorio de la Junta- quien ha iniciado todo el trámite con el fin de impugnar el decreto-ley y elevarlo al Tribunal Constitucional.

Si bien es cierto que es la Junta de Andalucía la que tiene competencias exclusivas en la ordenación del territorio, parece que el Gobierno de la nación gobernado por el PSOE y Podemos no está por la labor de poner las cosas fáciles.

No obstante, el éxito del decreto ley dependerá de la voluntad de los propietarios y de los ayuntamientos afectados ya que son las corporaciones municipales las que deben dar el impulso necesario a estas viviendas para que cumplan con los requisitos para acogerse al AFO.

Soluciones ante las viviendas irregulares Decreto-ley

Desde la Junta de Andalucía señalan que este decreto no es una “amnistía” ya que lo que se pretende es, primero, integrar, normalizar y equilibrar el territorio andaluz y, segundo, priorizar una actuación inspectora y sancionadora para que no se vuelva a producir el problema.

Esta nueva normativa aprobada en septiembre ampliaba la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO), una figura que no supone una legalización sino el reconocimiento de una situación de irregularidad ante la que, al prescribir el delito, no cabe adoptar medidas de restablecimiento de legalidad.

Además, otro aspecto importante que aporta el nuevo decreto-ley es la agilización de trámites. Ahora, los municipios podrán formular, de manera inmediata, un plan especial para una agrupación de viviendas concretas sin tener que realizar antes los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUs). Este proceso reduce de 9 años, que es la media que se tenía que esperar para aprobar un PGOU a un plazo de 12 a 18 meses, siempre con la colaboración de los ayuntamientos.

Por otro lado, otro pilar del decreto está en la incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales. De esta forma, los ayuntamientos deben prever en sus PGOUs una serie de servicios mínimos si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.